Guía factura electrónica
Rumanía

El Ministerio de Finanzas rumano ha publicado un proyecto de ley que propone nuevas medidas presupuestarias, incluida la aplicación del mandato de facturación electrónica.

La obligación de facturación electrónica en B2G está en vigor desde 2021.

A partir de julio de 2022, los contribuyentes B2B que operen con productos de alto riesgo fiscal deberán presentar facturas electrónicas a través del sistema RO e-Invoice.

Estos productos de alto riesgo incluyen artículos como frutas y verduras, alcohol, materiales de construcción, productos minerales, ropa y calzado.

Está previsto ampliar la obligación al resto de contribuyentes a partir de enero de 2024.

Aunque el proyecto de ley mantiene la fecha de aplicación de enero de 2024 aprobada previamente por el Consejo de la UE, propone que el sistema de notificación de facturas esté operativo en los primeros 6 meses y que el sistema de facturación electrónica (RO e-invoicing) esté plenamente implantado en julio de 2024.

Además, se propone un periodo de gracia de 3 meses -entre enero y marzo de 2024- durante el cual no se impondrán sanciones.

El calendario actualizado es el siguiente: 

Enero de 2024: Los sujetos pasivos establecidos y las entidades inscritas en el IVA deberán presentar las facturas en el sistema RO e-Invoice en el plazo de cinco días desde su emisión a efectos de declaración (e-Reporting B2B, B2C, B2G).

Abril de 2024: Se aplicarán multas a los contribuyentes incumplidores.

Julio de 2024: El sistema se convierte en un sistema completo de compensación de facturas que también transmite facturas a partes comerciales registradas en Rumanía, similar al modelo italiano (E-Invoicing B2B).

Incumplimiento:

Por el incumplimiento de la obligación de facilitar a la Administración tributaria la información necesaria para determinar su situación fiscal, se podrá imponer una sanción de entre 4.000 lei (804,2 euros) y 10.000 lei (2.010,5 euros) a las personas jurídicas clasificadas en la categoría de medianos y grandes contribuyentes y una sanción de entre 2.000 lei (402,01 euros) y 5.000 lei (1.005,02 euros) a las demás personas jurídicas.

Por incumplimiento de la obligación de poner a disposición de la autoridad fiscal, en el lugar indicado por ésta, los registros, documentos, documentos comerciales o cualquier otro documento o por cualquier otro incumplimiento, una sanción de entre 25.000 RON (5.025,13 EUR) y 27.000 RON (5.427,13 EUR) para las personas jurídicas clasificadas en la categoría de medianos y grandes contribuyentes y una sanción de entre 6.000 RON (1.206,03 EUR) y 8.000 RON (1.608,04 EUR) para las demás personas jurídicas.

En caso de incumplimiento de las normas de presentación, podría imponerse una sanción de entre 12.000 RON (2.412,06 EUR) y 14.000 RON (2.814,07 EUR) a los medianos y grandes contribuyentes y de entre 2.000 RON (402,01 EUR) y 3.500 RON (703,52 EUR) a las demás personas jurídicas.