Cada vez más países europeos deciden implantar el uso de la factura electrónica en su territorio. La transmisión digital de datos a nivel B2G está generalizada en el viejo continente. Sin embargo, solo Italia obliga a sus empresas a usar la factura electrónica B2B . Y visto el éxito, Francia va por el mismo camino.
Recientemente se ha aprobado la Ley de Presupuestos en Francia que establece los pasos a seguir para desplegar la factura electrónica B2B en el país. El plan tiene un claro objetivo: extender el uso de la efactura entre empresas a partir de 2023. Así, las grandes empresas deberán tener listos sus sistemas en 2023, pero las compañías medianas y pequeñas tendrán más tiempo de adaptación.
De este modo, Francia quiere seguir el modelo del SdI italiano – llamado modelo clearance – que establece que las empresas deben enviar todas sus facturas al gobierno en tiempo real para que este pueda aprobarlas. Y posteriormente, hacerle llegar el documento aprobado al cliente.
Francia aún no ha definido las especificaciones técnicas de este plan. Tampoco qué plataforma se deberá usar. Lo que sí está claro es que, al igual hizo Italia en su momento, el país necesitará la autorización de la Unión Europea para imponer el uso de la factura electrónica B2B.
La factura electrónica en Francia en la actualidad
El uso de la factura electrónica no es nuevo en Francia. Cumpliendo con la directiva europea 2014/55/UE, las administraciones públicas del país son capaces de recibir y procesar facturas electrónicas. Además, desde 2014 las empresas deben presentar un reporte de facturas emitidas y recibidas, bajo petición de la Agencia Tributaria. En este sentido, la factura electrónica B2G ya es obligatoria en Francia. Desde 2017, grandes, medianas y pequeñas empresas proveedores de la administración pública han ido adaptando sus sistemas para poder comunicarse electrónicamente con el fisco.
De cumplirse el plan francés, ya serian dos los países europeos que tienen un control en tiempo real de las facturas emitidas en su territorio. La tendencia al archivo digital tiene como objetivo la reducción del fraude y la lucha contra la evasión fiscal.
