El gobierno español publica un anteproyecto de ley para impulsar la e-factura B2B en el país.
Cada vez más países ven en la e-factura B2B una herramienta de ahorro y eficiencia. También un paso indispensable para avanzar en la transformación digital del tejido productivo. Y España no es una excepción.
Recientemente, países europeos como Francia o Polonia han dado pasos firmes en esta dirección. España, por su lado, ha publicado recientemente un anteproyecto de ley en el que incluye el uso de la factura electrónica entre empresas.
El «anteproyecto de ley de creación y crecimiento de empresas» no da detalles técnicos ni fechas aproximadas, pero apuesta claramente por esta modalidad de transacción.
Aún queda mucho camino por recorrer y muchos detalles que esclarecer. Una de las pocas cosas que sí especifica el anteproyecto de ley es que la implementación de la factura electrónica será paulatina. Inicialmente, la e-factura B2B será obligatoria para las grandes empresas. Las pequeñas empresas tendrán más tiempo para adaptarse a esta nueva modalidad de facturación.
Uno de los principales motivos por los que los gobiernos impulsan el uso de la factura electrónica es para combatir el fraude fiscal. Sin embargo, el uso de la e-factura es beneficioso también para la empresa. Los principales beneficios que obtienen las compañías cuando usan la factura electrónica son: aumento de la eficiencia y la eficacia, pagos puntuales, mayor trazabilidad y control, digitalización y automatización…
El estado de la factura electrónica en España
Actualmente, la factura electrónica B2B en España no es obligatoria, pero sí que está permitido su uso. De hecho, muchas empresas ya usan la e-factura de forma habitual o en algunas de sus transacciones B2B.
En el escenario público, es decir, en transacciones B2G la factura electrónica sí está regulada.
Desde 2015, todos los proveedores de la administración pública con facturas superiores a 5.000€ deben enviar sus facturas electrónicamente a través de la plataforma facE. En esta línea, todas las administraciones públicas deben ser capaces de recibir y procesar e-facturas.
Paralelamente, las grandes empresas del país deben declarar electrónicamente el detalle de las facturas emitidas y recibidas (incluidas las facturas simplificadas) en un plazo máximo de 4 días naturales, a través del Sistema de Información Inmediata (SII).
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